Según el informe de la ONU (2018), Colombia es el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos. Solo en 2020 fueron asesinados al menos 173 defensoras y defensores, cifra que refleja problemas estructurales no resueltos que se traducen en una enorme brecha de desigualdad, que afecta a quienes están en mayores condiciones de vulnerabilidad.
La sociedad civil, pueblos indígenas y grupos interesados luego de analizar el informe presentado por Colombia ante este Foro expresa su desacuerdo con el reporte de 72% de avances en el cumplimiento de las metas fijadas por el gobierno nacional en 2015, que está muy lejos de la realidad que vivimos. Para que nadie se quede atrás es necesario garantizar los derechos humanos colectivos e individuales y la participación plena y efectiva especialmente, de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTIQ+, los Pueblos Indígenas, las Comunidades Afro y las mujeres.
Estamos ante un nuevo y complejo escenario que obliga a que el gobierno promueva la implementación de una agenda inclusiva, con la sociedad civil y la empresa privada. ¿Cómo enfrentará el gobierno la recuperación del país postCOVID19? Declaramos que la recuperación social, educativa, económica y ambiental solo será posible si, además de ajustar las metas, el gobierno se compromete con la implementación integral del Acuerdo de Paz en todos sus puntos.
Pedimos justicia en la investigación de asesinatos de personas que lideran causas indígenas, sociales, políticas y medioambientales, así como de firmantes del Acuerdo y acciones decididas para garantizar que participar y liderar no nos cueste la vida. ¿Qué acciones efectivas realizará el Estado para proteger a quienes defienden los derechos humanos y los territorios? ¿Qué acciones impulsará el Estado colombiano para adoptar el Acuerdo de Escazú en la siguiente legislatura?
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