Derechos humanos y ciudadanía

Por: Margary Martínez Molina – Pasante Comunicación Corporación Desarrollo Solidario

¿En qué va el Punto 1 de los Acuerdos en el Caribe?

El pasado 19 y 20 de abril se desarrolló en el Centro de Desarrollo Campesino –Cedecampo- en el municipio de Mahates, el “Encuentro de comunidades y organizaciones del Caribe en zonas PDET. Defendiendo el territorio y la paz”, impulsado por la Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio (ENI/Colombia). En este espacio se encontraron más de 50 delegados de comunidades étnicas y campesinas del Caribe colombiano para conversar sobre el proceso de implementación del Punto 1 de los Acuerdos de Paz, especialmente lo que tiene que ver con el diseño y ejecución de losdenominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET .

Representación de la región Caribe realizado por los participantes antes de iniciar encuentro.

A nivel nacional, los PDET se han priorizado inicialmente para 16 subregiones, donde se deben diseñar e implementar unos planes que guíen las inversiones de los próximos diez años en estas zonas afectadas por el conflicto armado y con altos índices de pobreza. La labor de articulación y puesta en marcha de esta política se encuentra a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio -ART.

Para la Región Caribe existen tres subregiones priorizadas: Montes de María, Sur de Córdoba, y la subregión denominada  Sierra Nevada-Perijá: en total más de 30  municipios.  Fueron precisamente líderes y lideresas de estas zonas, quienes por dos días se encontraron en los Montes de María para analizar cómo va la implementación de estos PDET, que inició con una reflexión desde los convocantes sobre la dicotomía entre el escepticismo y la esperanza que nos avoca este escenario de implementación de  los Acuerdos de Paz en los territorios.

¿Por qué el escepticismo?

El proceso de creación de los PDET se realiza en medio de la incertidumbre política que genera la actual coyuntura electoral en el país, y  por otro lado, bajo una incertidumbre financiera, al desconocerse el presupuesto que será destinado para la implementación de los PDET. Y, por supuesto, la latente preocupación por la continuidad de ataques al derecho a la vida contra líderes rurales en el país.

A esta situación, se  suman otros inconvenientes que se han evidenciado en la marcha de las actividades convocadas por la ART. Tal como lo  manifestó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en la construcción de los PDET hay ciertas condiciones que limitan la participación efectiva de las comunidades y organizaciones civiles en este proceso de planeación territorial.

Una de estas es la ausencia de un protocolo metodológico que identifique los criterios de  participación para los diferentes actores, lo que afecta la garantía de participación de las comunidades más vulnerables y con mayores debilidades organizativas, además que al no existir claridad en las reglas del juego estas se puede modificar de un momento para otro sin consultar, como ya ha sucedido en otras ocasiones.

Así mismo, los enfoques de género, ambiental, étnico y reparador, se están entendiendo de manera aislada dentro de la visión territorial, y no como ejes transversales. Frente a este último enfoque, se comentó que “no se puede pensar que se tiene enfoque reparador solo porque las victimas están en la mesa, sino que tiene que haber una transformación del territorio”, refiriéndose a las condiciones estructurales de desigualdad que han estado históricamente presente en las zonas rurales del país.

Frente al enfoque ambiental, los participantes recalcaron la necesidad de incluir los recursos naturales dentro de la visión de los PDET para hacer sostenibles estos programas. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de conflictos territoriales se presentan en estas zonas por la expansión de proyectos extractivos a gran escala que implican el control y la restricción del uso de la tierra y otros bienes ambientales: es el caso del avance de la palma de aceite en los Montes de María, que genera graves daños ambientales y sociales en las comunidades;  la extracción de carbón en la subregión de la Sierra Nevada – Perijá; y la explotación de níquel en Córdoba

Sobre esto, una lideresa del Perijá, expresó “aquí se siguen matando líderes por el tema del agua…Yo creo que este recurso también tiene que entrar en la reparación, los recursos naturales tienen que ser abordados de verdad para que se tomen determinaciones.”

Lideresa de la subregión del Perijá en dialogo con la ART.

Otro de los puntos que preocupan de la planificación de los PDET, tiene que ver con la garantía del derecho a la información y cómo la ART se encarga de que esta sea difundida.

Lo que dice la ART

La intención del gobierno Santos de dejar los PDET diseñados antes del final de su mandato ha generado complicaciones metodológicas en los procesos, pues el tiempo es el principal factor en contra.

Los PDET involucran varios niveles de formulación: un primer nivel veredal, donde la comunidad  firma un pacto comunitario por núcleo veredal dentro de un mismo municipio; el nivel municipal, donde las comunidades junto a otros sectores privados y públicos revisan las preiniciativas del  pacto comunitario y priorizan unas iniciativas; y por último un nivel subregional, donde se aprueba el Plan de Acción para la Transformación Regional –PATR.

Hasta el momento, la formulación de los planes en  las zonas del Caribe se encuentra en el nivel veredal.  En algunos municipios del Perijá aún no se han iniciado asambleas con las comunidades, pero en el caso de Montes de María, donde sí han arrancado, la ART espera tener listo el Pacto subregional para el 31 de julio de este año.

La ART, que hizo presencia en el encuentro a través de la gerente de PDET Sur de Córdoba y la gerente regional de Montes de María, dejó claro que la entidad no cuenta con suficientes recursos, por lo que ha habido veredas donde se realizan algunas actividades y en otras no, un ejemplo son  las asambleas de retroalimentación.

Intervención de Ladys Noble, funcionaria de la ART encargada del PDET de sur de Córdoba

Con respecto a la publicación de información, la ART respondió que la información de las asambleas es pública y cualquier persona puede solicitarla.

Además, las  funcionarias explicaron que tienen el mismo desconocimiento que la sociedad civil  sobre la metodología, pues las capacitaciones al personal se realizan por etapas conforme se avanza en la ejecución, por lo que la planeación metodológica se realiza sobre la marcha.

La entidad aclaró que hasta la fecha no existe un presupuesto nacional destinado a la ejecución de estos PDET, sino que esta tarea la debe asumir el próximo gobierno.

Entonces… ¿Por qué la esperanza?

El dialogo con la ART tuvo la intención de expresar las demandas de la sociedad civil y organizaciones que respaldan los acuerdos con respecto a la definición de los PDET. Igualmente, fue un escenario para preguntar sobre la manera en  que se van a desarrollar los próximo espacios de diálogo y definición de los PDET, especialmente, los espacios en los que ya no participan solo las comunidades sino otros sectores tanto privadas como públicos.

Desde la ENI Colombia indicaron que existe el riesgo que en los PDET  no se reflejen las demandas específicas de la sociedad civil y organizaciones de base en cuanto a garantía de derechos o, que estas demandas, se reflejen pero no se prioricen. Otro escenario aún menos favorable es que se prioricen pero no desde la interpretación de estas bases, sino orientados a intereses y agendas ajenas a ellas.

Por ejemplo, las organizaciones piden que se fortalezca la economía campesina por medio de proyectos productivos, pero podría suceder que queden proyectos productivos orientados por otros sectores y, con ello, se afiancen modelos de desarrollo que vienen implementándose desde sectores privados que no integran a los pequeños campesinos.

Las propuestas desde las comunidades y organizaciones de base

Aunque las tres subregiones del Caribe presentan características diferentes entre sí, durante el Encuentro se pudieron establecer propuestas  comunes en los tres territorios, por ejemplo: la garantía del acceso a la tierra para los campesinos y comunidades étnicas;  protección e incentivos a la producción agrícola del campesinado,  incluyendo el uso de las semillas propias; protección a los recursos ambientales; y el enfoque de género.

En estas iniciativas, se proponen estrategias como el estudio de los suelos, el establecimiento de granjas pecuarias para las familias campesinas o la creación de un banco de crédito y  maquinaria agrícola. La ART recomendó enfáticamente que al formular las preiniciativas las comunidades deben pensar también en el cómo, con quienes y cuándo de estas.

¿Qué sigue ahora?

Funcionarios de la ART y  acompañantes internacionales

Una vez finalice el proceso de formulación de las preiniciativas con las comunidades, el cual está en camino en la mayoría de municipios del Caribe, sigue el nivel municipal, donde entran a participar otras entidades; públicas y privadas.

Sobre este nivel municipal que se acerca, Irina Junieles, de DEJUSTICIA explicó que aunque aún no se tienen certezas metodológicas, se ha podido averiguar que este nivel tendrá tres fases: Aprestamiento, donde se consolida la información municipal, se define qué otros actores participarán de la planeación, y se desarrollan  diálogos  preparatorios por pilares; luego sigue la fase de Precomisión municipal, donde en un lapso de dos días se deberán revisar el pacto comunitario y concretar las iniciativas con  los nuevos actores.

Es en la Comisión municipal, donde se consolida la visión y diagnóstico municipal y se priorizan iniciativas de acuerdo a cuatro criterios: Impacto en los indicadores de pobreza (25%), Integralidad con otros pilares de la metodología PDET (25%), Grado de cohesión que genera en el territorio (25%), productividad y sostenibilidad (25%), para por último elegir a los delegados al nivel Subregional de los programas, cuyo número aún se desconoce.  Junieles,  aclaró que estos métodos aún pueden sufrir cambios.

Durante el encuentro quedó claro que la ART tiene la obligación de diseñar estrategias para dirimir los conflictos que se generen durante esta etapa de la planeación, pues, se sabe que cada sector representará intereses que pueden contraponerse.

Además de representantes de las comunidades, organizaciones civiles y la ART, al encuentro asistieron acompañantes de CLOC Vía Campesina, Unión Europea, PNUD, FAO, KROC y GIZ, así como la Procuradora Delegada para la Paz y la Protección de los derechos de las víctimas, quien comprometió a   elevar las demandas y preocupaciones de las comunidades  a los niveles nacionales de la ART y al Ministerio del Interior.

Nota: El encuentro hace parte de una serie de espacios subregionales de análisis y construcción de propuestas frente a la construcción de los PDET impulsados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC; Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO; Organización Indígena de Colombia, ONIC; Proceso de Comunidades Negras, PCN; y Red Nacional de Agricultura Familiar, RENAF; Lutheran World Relief, LWR; Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI; Asociación MINGA; Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP – ENI/Colombia; Centro de Estudios para la Paz, CESPAZ; Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO/Colombia; y Red de Programas de Desarrollo y Paz, REDPRODEPAZ.

El Encuentro del Caribe contó como aliados además con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia; y el Grupo por los Acuerdos de Magdalena.

ENI – Colombia -como es conocida la estrategia- es una iniciativa impulsada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) que, es una alianza global compuestas por más de 200 organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, establecida para promover el acceso seguro y equitativo a la tierra para personas que viven en situación de pobreza en zonas rurales de la que hacen parte: la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana –a través del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos -OTEC- ; la Corporación de Desarrollo Solidario –CDS-; las Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María –OPDS- y; el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP/Programa por la Paz –.